Los estudiantes de Derecho de la U.Mayor, Scarlette Iglesias, Rodolfo Montecinos, César Vergara y Carlos Elgueta se encuentran trabajando para concretar un proyecto enfocado a sensibilizar acerca de la vida al interior de las cárceles chilenas y que cuenta con financiamiento del Fondo de Emprendimiento Estudiantil 2016 que entrega la Universidad Mayor.

La actividad principal de este proyecto es un Seminario de Derecho Penal Contemporáneo y Prisión que se realizará en tres sesiones; dos coloquios, recepción de comunicaciones y un seminario de cierre, y está orientada a toda la comunidad estudiantil, académicos y a todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre este tema.

Su enfoque está referido a la vida en prisión, especialmente en la maternidad, la participación política y la prevención de la tortura. “Lo que buscamos mostrar es la vida al interior de las cárceles, qué pasa con la vida de hombres y mujeres que están privados de libertad”, afirmó Carlos Elgueta.

El objetivo es dar a conocer cómo viven la maternidad las mujeres privadas de libertad y cómo participan los internos en los procesos políticos, además de abarcar el tema de tortura, especialmente cómo es tratado en el ámbito internacional y cómo debe ser en Chile. Así como también mostrar la manera de cómo siguen perpetrando actos de tortura que quedan impunes, enfocados especialmente en lo que ocurre al interior de los centros del SENAME.

“Elegimos esta temática, porque hemos visto que la sociedad civil en general y quienes estamos fuera de las cárceles, nos olvidamos de la población penal, lo que ha llevado a que la clase política no se preocupe de estas personas, por lo que es necesario abrir espacios de información y debate en torno a la realidad carcelaria presente en Chile”, agregó el estudiante de Derecho U. Mayor.

En la organización del seminario, participa el Centro de Estudios Penales y Penitenciarios de la Universidad Mayor y  la ONG Leasur (Litigación Estructural para América del Sur), institución dedicada a la promoción de los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad, y su pretensión es asegurar las condiciones de justicia e igualdad, además de incidir en la generación de políticas públicas que racionalicen los criterios de persecución penal y les reconozcan su estatus de sujetos de derecho y ciudadanos.