Con el objetivo de analizar las políticas públicas en torno a la pertinencia  e implicancias en la adopción de licencias obligatorias sobre patentes de medicamentos en Chile y realizar un análisis legal, se realizó el seminario “Uso de licencias obligatorias de patentes farmacéuticas”, en el Campus Manuel Montt de la Universidad Mayor.

La actividad organizada por la Escuela de Derecho de la U. Mayor,  la sociedad sin fines de lucro Licensing Executives Society Chile (LES CHILE) y la Corporación INNOVARTE, reunió en una mesa redonda a Andrea Mardones, abogada del Ministerio de  Salud; Martín Correa,  Jefe del Departamento Propiedad Intelectual DIRECON; Jaime Palma, asesor de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos A.G ( ASILFA AG); Jean-Jacques Duhart, Vicepresidente Ejecutivo de Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile A.G; Patricio Huenchuñir, director Ejecutivo de PHG Huenchuñir Consultores SpA; Esteban Figueroa, director de Patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI);  Felipe Saavedra, Abogado, del Instituto de Salud Pública (ISP); y Andrew Goldman, abogado y director Jurídico de Knowledge Ecolgy International.

También se abordó el marco regulatorio vigente para la aplicación de las licencias obligatorias respecto de medicamentos sujetos a patentes, así como las distintas visiones respecto de las problemáticas, implicancias y oportunidades para el uso de este mecanismo legal en Chile. Las diversas exposiciones advirtieron que la legislación nacional establece un procedimiento largo y complejo, específicamente con respecto a la nulidad de las patentes, lo que no es adecuado para casos de urgencias sanitarias. Esto dejó en evidencia la necesidad de llevar a cabo una modificación legal que permita hacer más simple y expedito los procesos. 

Para Luis Villarroel, experto en propiedad intelectual y académico de la Escuela de Derecho U. Mayor, la posibilidad que terceros fabriquen y distribuyan el medicamento patentado a precios competitivos genera reducciones importantes en los precios y en la disponibilidad, favoreciendo el acceso de la población a diversos tratamientos. “Este instrumento de política pública está disponible en la legislación chilena y ha sido utilizado de manera frecuente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo”, agregó.

En esta actividad también participaron Felipe Meléndez, director de Escuela de Derecho; Nathalia Da Costa, directora docente; académicos y estudiantes de la Universidad Mayor.