Terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones han afectado en numerosas ocasiones a los chilenos y han sido imagen recurrente en noticieros de televisión. Información que aporta a la ciudadanía, pero que en algunos casos pasa la barrera del sensacionalismo y afecta la dignidad de las personas.

Frente a esta situación, que ha sido denunciada a través del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el núcleo de investigadores de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor realizó para este organismo un estudio orientado a la identificación de buenas prácticas para la cobertura mediática de catástrofes, tragedias y delitos contra las personas.

“En este estudio se consideró, para efectos del análisis y posterior reflexión en torno a las buenas prácticas, indagar en las opiniones de informantes claves tanto de instituciones públicas asociadas a la Red de Asistencia a Víctimas como editores y ejecutivos de canales de televisión; y un especialista de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO”, destacó María José Labrador.

El estudio, que incluyó una revisión de registro documental y la aplicación de instrumentos conversacionales guiados (entrevistas semi-estructuradas) a actores vinculados a la industria televisiva chilena, arrojó las principales malas y buenas prácticas en la cobertura de prensa.

Entre las prácticas consideradas negativas, el análisis mostró una coordinación dificultosa entre entidades de protección de la población y los medios de comunicación; además de exageración de los hechos policiales, tanto en magnitud como en intensidad emocional del tratamiento.

Otros aspectos negativos de los medios al informar de desastres naturales fue el interés por espectacularizar las tragedias, recurriendo a rostros más conocidos de un canal para arrastrar la fidelidad, lo que contribuye a la exacerbación de la dimensión emocional y la falta de disciplina en la labor periodística, que repetidamente cae en imprecisiones, adjetivación y juicios a priori, en especial en las noticias policiales.

En cuanto a buenas prácticas, destacan la tendencia a la prudencia y a la corrección de errores, a diferencia de lo que ocurre en otros países; los avances hacia un menú noticioso diverso, intentando diversificar los temas tratados y la activación de un control editorial más estricto en situaciones complejas.

Un elemento positivo a destacar es una buena disponibilidad de las universidades para entregar información útil a la población: en general se valora la vocación de masividad que las universidades tienen a la hora de difundir su conocimiento a la población.

Esta investigación también consideró propuestas para incentivar las buenas prácticas, como promover la alfabetización mediática; incentivar el perfeccionamiento de los periodistas, difundir la lógica periodística y generar un diálogo entre medios de comunicación, organizaciones sociales, entidades públicas y academia, lo que también ayudaría a afrontar los desafíos que impone una ciudadanía más empoderada y un enfoque de derechos a la comunicación, a la información y sobre todo a la información relevante y al derecho de todas las personas a ser tratadas con dignidad y cuidado por parte de las instituciones mediáticas.

Otra área que reviste especial importancia, “es la defensa y la práctica de la libertad de prensa y de expresión, ya que exigen una fina y rigurosa autocrítica, para lo cual es necesario y urgente desarrollar constantes mecanismos de evaluación y perfeccionamiento editorial”, enfatizó una de las autoras del estudio.

Por último, se propone con urgencia un trabajo específico y multisectorial con las diversas entidades involucradas no sólo en la cobertura de desastres y catástrofes, también en su prevención, coordinación, actualización de marco regulatorio y sanción cuando existan hechos delictuales asociados a este tipo de eventos.